DS(C) nº 97/6 del 4/3/2004

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Señorías, se abre la sesión. ¿Algún Grupo Parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? Por el Grupo Socialista tiene la palabra su Portavoz.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Doña Inmaculada Larrauri sustituye a don Antonio Losa y doña Mónica Lafuente sustituye a Carlos Martínez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Fuentes. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Miguel.

EL SEÑOR DE MIGUEL NIETO:

Sí, gracias, señor Presidente. Don Carlos Fernández Carriedo sustituye a doña Pilar San Segundo Sánchez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias. Primer punto del Orden del Día. La señora Secretaria dará lectura al mismo.

POC 60

LA SECRETARIA (SEÑORA VILLAR IRAZÁBAL):

Primer punto del Orden del Día: "Pregunta Oral ante Comisión formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Manuel Fuentes López, relativa a propuesta de la Comisión Europea sobre la reforma de la OCM del azúcar en dos mil seis, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número cuarenta y seis, de cuatro de febrero de dos mil cuatro".

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señora Secretaria. Por el Grupo Parlamentario Socialista, para formular la Pregunta, tiene la palabra don Manuel Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, señor Presidente. Castilla y León en la actualidad es la principal zona de producción de remolacha de España, con casi un 60%, con una superficie de cincuenta y dos mil hectáreas y más de quince mil productores dedicados prioritariamente al cultivo de la remolacha. Castilla y León produce unos 4,3 millones de toneladas de remolacha que se transforman íntegramente en esta Comunidad Autónoma, y producen más de seiscientas mil toneladas de azúcar, con un valor añadido de 190.000.000 de euros. De este sector viven directamente más de diecisiete mil familias y es un sector decisivo para asentar la población en el mundo rural, es decir, para contribuir a no deteriorar el índice socioeconómico más importante de nuestra Comunidad.

Dos años después de aprobarse el Reglamento 1260/2001, por el que se establece la OCM del sector azucarero, la Comisión Europea pretende abrir un debate sobre las posibles fórmulas para reformar de nuevo el sector. Ante la trascendencia de este debate y por las negativas repercusiones que sin duda puede tener para Castilla y León, hacemos las siguientes preguntas:

Primera. ¿Cuál es la posición de la Consejería ante la propuesta de la Comisión Europea para reformar la OCM del azúcar en el dos mil seis?

¿Va a aceptar la propuesta de ACOR y las OPAS de tener una reunión para analizar las repercusiones y para poder plantear los pasos a seguir?

Tercera. ¿Qué medidas tiene previsto tomar, para que se apruebe la opción menos perjudicial para la Comunidad Autónoma, la Consejería de Agricultura? Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Fuentes. Para contestar a la Pregunta tiene la palabra el señor Director General de la... de Producción Agropecuaria.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (SEÑOR FERNÁNDEZ-MARDOMINGO BARRIUSO):

Muchas gracias. Como usted ha dicho, Señoría, la Comisión Europea pretende abrir un debate sobre la futura reforma de la OCM del azúcar. No ha efectuado concretamente ninguna propuesta sobre la modificación en el año dos mil seis. Existe únicamente un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que con el título de "Hacia una reforma de la política azucarera de la Unión Europea", síntesis de la evaluación de impacto, se emitió con fecha veintinueve de septiembre. Dicho documento responde a un requerimiento del Consejo a la Comisión, al prorrogarse en el año dos mil uno por cinco años el Reglamento por el que se establece a la... la OCM del azúcar. El documento, que es muy completo en su análisis previo, se estructura en varias partes:

En primer lugar hace un estudio sobre la política y economía azucareras, analizando la evolución histórica de ambas y los factores de tensión y cambio introducidos por el contexto político y comercial, entre los cuales cabe destacar como más importantes los compromisos de la Organización Mundial de Comercio, las concesiones unilaterales a los países menos avanzados, a los países de los Balcanes, a los países que suscribieron el Acuerdo "Todo menos armas", y la alteración que pudo suponer en las exportaciones la demanda presentada ante la Organización Mundial de Comercio por el denominado "Panel de Brasil", compuesto por Brasil, Australia y Tailandia.

El documento continúa después analizando las sucesivas OCM del azúcar -y especialmente el actual- y dando orientaciones para su reforma, que, según se contiene en el mismo, deben ser: responder a las prioridades de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible incorporada en los objetivos de la Política Agraria Comunitaria reformada, necesidad de anticipar los cambios derivados de los compromisos de la Unión y las demandas planteadas ante la Organización Mundial de Comercio por los diversos países, la necesidad -también- de responder a los problemas de las partes interesadas, el garantizar el abastecimiento regular de azúcar a un precio razonable, equiparándolo... intentando equipararlo a los precios mundiales, asignar un nivel de vida equitativo a los agricultores, aumentar la competitividad y la competencia, y limitar -por último- la presión de la producción de remolacha sobre el medio ambiente.

Partiendo de este análisis previo y los condicionantes que debe reunir la OCM reformada según el criterio de la Comisión, el documento plantea cuatro familias de opciones y analiza sus repercusiones en los diversos agentes interesados: productores, industria, consumidores, países productores y exportadores. Las opciones se pueden resumir en dos grupos: dos de ellas, que pretenden la regulación a través de las cuotas; y otras dos, que pretenden la regulación a través de los precios. Y que van, entre las cuatro, desde el mantenimiento de la situación actual -lo que el documento denomina "Statu quo"- hasta una liberalización total de la producción, dejando al mercado que actúe, tanto en la producción como en los precios.

En algunas de estas opciones se contemplan las ayudas por hectárea. Todas las propuestas han sido evaluadas por los diversos agentes que intervienen en el sector y otros externos, valorando sus ventajas e inconvenientes: agricultores, industria azucarera y agroalimentaria, países del África, Caribe, Pacífico, países beneficiarios del Acuerdo "Todo menos armas", consumidores y organizaciones no gubernamentales, tanto de desarrollo como de medio ambiente. De entre todas las opciones, tiene más aceptación, en conjunto, la de cuotas fijas, siendo la liberalización solamente muy satisfactoria para la industria agroalimentaria y los consumidores, fundamentalmente por la bajada de los precios que supondría al aproximarlos a los del mercado mundial.

En cuanto a la segunda pregunta que plantea Su Señoría, referente a la propuesta de ACOR y las Organizaciones Profesionales Agrarias de tener una reunión para analizar las repercusiones, el Excelentísimo señor Consejero de Agricultura y Ganadería ya ha tomado la iniciativa de convocar el próximo veintidós de marzo a todos los agentes implicados en la producción y la transformación: Organizaciones Profesionales Agrarias, COAG, ASAJA y UPA; empresas molturadoras que intervengan, que actúen en la Comunidad Autónoma, AZOR, ACOR y Azucarera, Unión Regional de Cooperativas, Asociación para la Investigación sobre el Cultivo de la Remolacha, AINCRA; y las centrales sindicales Comisiones Obreras y UGT, que tienen implantación en la industria azucarera.

En la reunión se tratará, evidentemente, sobre las alternativas previsibles a la actual OCM, se debatirá y se estudiará a fondo el documento del que hemos estado hablando. Además, se tratarán de otros temas como el desarrollo de la actual campaña, el análisis del proceso de la reestructuración industrial del sector azucarero en nuestra Comunidad Autónoma, y las mejoras tecnológicas que se están introduciendo, así como las fábricas reconvertidas y los destinos que se las está dando.

En cuanto a las medidas a tomar para que se apruebe como Organización Común de Mercado la opción más favorable de todas para el cultivo y la industria en nuestra Región, la postura de la Consejería es el apoyo al Ministerio de Agricultura, que tiene unas intenciones sensiblemente iguales a las nuestras.

Desde hace tiempo vienen tratando en conversaciones diversas sobre posibilidades de futuro del sector, que pasan por una situación de mantenimiento de la política de cuotas lo más próxima posible a la que tenemos en la actualidad.

En este sentido, apoyaremos al Ministerio en las negociaciones que se lleven a cabo en el momento en que la Comisión presente una propuesta concreta de reforma de la Organización Común de Mercados. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ya se ha posicionado, en este sentido, al menos en dos ocasiones públicamente en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura. Consideramos el sector remolachero, con los datos, además, que ha aportado Su Señoría al principio, con los que coincidimos, como estratégico dentro de nuestra Comunidad Autónoma, profesionalizado y rentable.

Así mismo, la industria transformadora, después de la reestructuración, ha adquirido una dimensión que la sitúa -a nuestro juicio- en plenas condiciones de competitividad, con lo cual, la intención de la Consejería -repito- es apoyar al Ministerio para mantener una política de cuotas lo más próxima posible a la actual, porque consideramos el reto como estratégico... el sector como estratégico, perdón.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Director. Para un turno de réplica tiene la palabra, por el Grupo Socialista, don Manuel Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Sí, le agradezco la información y la contestación a las tres preguntas de forma... de forma concreta que ha hecho el Director General, se lo agradezco. Pero, desde el Grupo Socialista queríamos matizar algunas cosas, ¿no?

Primero, pedir a la Consejería más agilidad para poder comparecer en las Cortes, porque hoy se va a hablar de tres temas tremendamente importantes para el sector; temas que están... desde hace tres meses estamos esperando, y a mí me parece que las comparecencias, sabiendo que usted y ustedes tienen mucho trabajo, pues se deberían de realizar con más agilidad. En julio... perdón, en junio, el Comisario Fischler va a poner el documento definitivo encima de la mesa. Esa es la información que nosotros tenemos.

Y la mejor propuesta... -y ese es el problema- la mejor propuesta que hay encima de la mesa, que usted ha explicado sucintamente, es que es muy posible que haya una reducción del 20% de los precios, y en un sector que es vital para esta Región, en un sector que está funcionando bien, en un sector en el que aquí se hace todo el ciclo, pues lo van a reestructurar nuevamente -eso es lo que parece- como ha ocurrido con el tabaco, con el algodón, con el aceite, principalmente, y también con el lúpulo, ¿no?

Además, hay un problema añadido, hay ya... hay ya países que han estudiado bien el documento y ya se han definido. Y a nosotros no nos vale con que el señor Cañete, el Ministro, o el señor Consejero, haga declaraciones en la línea de "nos queremos quedar como estamos". Evidentemente. Pero lo que hay que hacer es tener una estrategia y un plan de actuación; y a mí me parece que la estrategia y el plan de actuación anunciando usted que se ha adelantado a los acontecimientos el señor Consejero convocando una reunión el día veintidós de marzo a todos los agentes implicados, a mí me parece que llega tarde. Pero es una buena opción, y a ver si en ese... en esa reunión lo que nosotros pedimos, desde el Grupo Socialista, es que se ponga encima de la mesa la propuesta concreta de la Consejería y, por si acaso, por si acaso, teniendo en cuenta las posturas de diferentes países, se prevea qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que se debe de hacer desde esta Comunidad Autónoma para poder presionar o coordinar -como usted quiera- con el Ministro de Agricultura nuestra actuación en Europa.

Francia, Holanda... ya han optado de una forma clara por la opción dos: descenso de los precios y de las cuotas hasta su eliminación. Y a muchos remolacheros, cuando han visto el documento y han visto que estos dos países -y alguno más como Dinamarca y Suecia- que van más allá, que van a la liberalización total del sector, pues se han puesto a temblar. Y está todo el mundo pendiente de qué se hace desde la Consejería de Agricultura para poder defender los intereses de los remolacheros de esta Comunidad, y qué se hace desde el Ministerio de Agricultura.

Hay que tener en cuenta una cuestión que es muy muy evidente: estamos casi solos en Europa, en este tema y en casi todos, por la política que se ha desarrollado desde nuestro Gobierno en contra de los intereses de los países que más influencia tienen en la Unión Europea.

Repito: Francia ha optado por la opción dos, Dinamarca y Suecia han optado por la liberalización total, y Holanda ha optado también por la opción dos. Los países del norte -la mayoría- van a optar por una opción que para nada beneficia al sector remolachero de nuestro país. Y dentro de nuestro país, si se mueven las cosas, los más perjudicados van a ser los remolacheros de Castilla y León, sencillamente porque la competencia importante la tenemos en Andalucía, y los costes de producción son menores en Andalucía que en Castilla y León, aunque los rendimientos en algunos casos sean mayores.

El diecinueve de noviembre, EFE difundía una noticia, que el Consejero había solicitado al Ministro Cañete una reunión para definir una estrategia. Le digo de dónde hemos sacado la información y le pido: nos gustaría conocerla, nos gustaría conocer esa estrategia -que han debido de hablar-, si es que se ha mantenido la reunión -se lo pregunto porque no lo conocemos- entre el Ministro de Agricultura y nuestro Consejero de Agricultura y Ganadería. La trascendencia social y económica yo creo -y ya lo he planteado- puede ser tremendamente importante para Castilla y León. Y en esa reunión lo que le pido, en esa reunión, que lleve una opción y unas líneas de futuro de actuación para intentar negociarla, no solamente con las OPAS, sino también con las organizaciones sindicales más importantes de esta Región, UGT y Comisiones, y con todos los agentes; pero nos parece que andamos tarde.

Francia está planteando una reducción directa, directa, y la mayor... el responsable de la mayor remolachera francesa ha dicho que pueden perfectamente competir con una reducción de precios del 60%. Eso, que es un dato que ha hecho público en reiteradas ocasiones y que se puede leer en todos los periódicos europeos, eso es una... es un ataque directo a los intereses de los agricultores de esta Región, directo; y hay que tener una contraprestación, hay que buscar otro ataque u otra forma de defensa política ante el tema. Hay que exigir al Ministro en esa reunión -si no se ha convocado ya, y, si no, nunca es tarde- que pelee, que pelee realmente. Nosotros aquí no podemos estar a las órdenes del Ministro, debemos de escucharlo; pero yo echo en falta que haya una política agraria en esta Comunidad que defienda los intereses de esta Comunidad. Y, si coincide con la del Ministerio, estupendo; pero yo no la veo por ningún lado.

Le decía que hay que exigir al Ministro que pelee por la sesenta mil toneladas correspondientes a Canarias que ahí están pendientes. Y esto a lo mejor es una idea para poder decir "no solamente queremos que las cosas queden como están, sino que en los dos últimos años nos han reducido cupo a este país y al resto". Y tenemos pendiente dos temas: el tema de la caña de Almería, que no lo toco, pero sí el tema de las sesenta mil toneladas. Es decir, necesitamos para nuestras producciones y para ser más competitivos más cupo; cupo... cupo que en derecho... que en derecho le pertenece a este país. Eso es lo que hay que plantearle al Ministro entre otras cosas.

El status quo, como usted decía, la primera y menos mala de la propuesta, el "seguir como estamos" -entre comillas-, supone o puede suponer, según los máximos entendidos en este tema en la Región, por algunos artículos de opinión que han sacado en revistas profesionales, el seguir como estamos, el status quo -y esto es muy grave-, puede suponer una reducción del número de fábricas en esta Región similar a la ocurrida entre el año noventa y dos y el año dos mil.

Algunas personas que han estudiado el sector dicen que se pueden volver a cerrar hasta el 25% de las fábricas por la entrada de azúcar, en ese acuerdo que hay con los países menos desarrollados o menos avanzados. Pensando en el futuro, si se aprueba la opción menos mala y los precios se reducen en un 20%, señor Director General, ¿qué va a hacer la Junta... -y me gustaría una respuesta, porque lo deben de tener ustedes previsto por si acaso, "por si las moscas", se dice en mi pueblo- qué va a hacer la Junta para compensar a los agricultores remolacheros? ¿Qué va a hacer para que se mantenga el empleo en producción, en transporte y en transformación de este sector?

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Señor Fuentes, le ruego que en un minuto concluya, porque lleva exactamente el doble del tiempo que marca el Reglamento.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

(Concluyo en un minuto, señor Presidente). Castilla y León -y termino- puede ser la gran perjudicada; y la Consejería, con el Presidente a la cabeza, debe liderar -liderar, señor Director General- la defensa del sector azucarero. Eso es lo que han pedido la UGT y Comisiones Obreras, eso es lo que pide el Grupo Socialista, eso es lo que han pedido las organizaciones profesionales agrarias.

Quince mil explotaciones de la Región están a la expectativa de lo que hagamos y de lo que hagan los responsables políticos. Y un sector que funciona bien -repito-, que da beneficios, que ha sufrido una reconversión industrial muy dura, que está modernizándose de forma permanente, que no tiene ni una ayuda directa -ni una ayuda directa-, tenemos razones para poder defenderlo; y no se puede hundir alegando a la solidaridad internacional, porque lo primero que tenemos que defender los políticos de esta Región son los puestos de trabajo que, sobre todo, están ubicados en la zona rural. Es necesario plantar cara, unir fuerzas y buscar soluciones de futuro. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Fuentes. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Director General.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (SEÑOR FERNÁNDEZ-MARDOMINGO BARRIUSO):

Sí. Estamos de acuerdo en muchos de los planteamientos que usted ha hecho. Desde luego, la postura de la Consejería en esto, como en casi todas las cuestiones, no se trata de una negociación con el sector; se trata de ir de la mano con él. Evidentemente, lo que es bueno para el sector es bueno para la Consejería. Y, entonces, nosotros en la reunión del día veintidós estudiaremos y plantearemos la propuesta, o plantearemos la opción... le planteamos la idea conjunta; no se trata de una negociación como puede haber en otras ocasiones. Evidentemente, insisto, lo que es bueno para el sector es bueno para la Consejería.

Respecto de lo que dice usted, de las posturas del resto de los países, a nuestro juicio, la postura de Francia no está clara; y, además, se puede matizar y modular tanto la de Francia como la de Alemania -creemos que constituirán un eje a la hora de la reforma de la OCM-, dependiendo de lo que hemos comentado al principio, de los resultados de la demanda que el "Panel de Brasil" ha presentado frente a la Organización Mundial de Comercio. Como usted sabe, el "Panel de Brasil" pretende prohibir las exportaciones... que la Organización Mundial de Comercio prohíba las exportaciones de azúcar C, e incluso sin restituciones. Los principales exportadores de azúcar C de la Unión Europea son Francia y Alemania. Dependiendo del resultado de esta demanda, la postura franco-alemana puede mantenerse o puede cambiar. Dudo de que a Francia le conviniera reducir un 60% los precios si tiene la imposibilidad legal de exportar azúcar C; con lo cual, somos un poco prudentes en cuanto a las ideas de Francia, porque, insisto, creemos que puede cambiar sensiblemente su postura dependiendo de una cosa o de otra.

Yo creo que la reducción de precios de un 20%, desde luego, afectaría a nuestra Comunidad Autónoma y a todas las zonas productoras, es evidente; yo no sería tan alarmista en cuanto a la desaparición de más número de azucareras. El documento, desde luego, sí que plantea que a nivel europeo hay opciones, sobre todo la liberalización, que puede suponer la desaparición de bastantes fábricas... del mismo número, prácticamente, las que desaparecieron en el noventa y dos y en el dos mil. Pero cualquiera de las dos opciones, las primera y la segunda, no creo... nuestra impresión es que no harían desaparecer un número de fábricas significativo.

¿Cuál es la postura de la Consejería? Insisto, instar al Ministerio a trabajar por lograr una situación lo más próxima posible, e instar al Ministerio a que inste -y perdón por la redundancia- a la Comisión a que esté muy atenta ante la Organización Mundial de Comercio por la demanda del "Panel de Brasil". A nuestro juicio, va a ser fundamental -y lo he dicho ya creo que en dos ocasiones- el resultado de esta demanda para el futuro del sector remolachero de la Comunidad Autónoma.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Director General. ¿Algún Procurador, sobre este tema, quiere hacer alguna pregunta? No siendo así, pasamos al segundo punto del Orden del Día, que dará lectura la señora Secretaria.

POC 62

LA SECRETARIA (SEÑORA VILLAR IRAZÁBAL):

Segundo punto del Orden del Día: "Pregunta Oral ante Comisión, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Manuel Fuentes López, relativa a censo real de explotaciones ganaderas sin licencia y actuaciones para su legalización, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número cuarenta y seis, de cuatro de febrero de dos mil cuatro".

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señora Secretaria. Para formular la Pregunta, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, don Manuel Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Señor Presidente, muchas gracias otra vez. Bien. En el año mil novecientos sesenta y uno se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Nocivas. Este reglamento señala que en poblaciones con más de cincuenta mil habitantes no puede haber explotaciones ganaderas, que deben estar situadas a dos kilómetros del casco urbano. Se establecía un plazo de diez años para adaptarse y, en los demás casos, los municipios deberían de ser los que regularan el emplazamiento, distancias, número de cabezas, etcétera, de las explotaciones.

En el año mil novecientos noventa y tres se publica la Ley de Actividades Clasificadas en Castilla y León. Esta ley despierta la conciencia ambiental, exige mayores requisitos a las explotaciones y provoca un incremento de las denuncias de particulares y del servicio del Seprona, que provoca un malestar creciente en muchos ganaderos.

La realidad actual es que se ha dejado en papel mojado estas regulaciones; las explotaciones ganaderas se han ido desarrollando y existe un porcentaje muy elevado de granjas situadas en el interior de los cascos urbanos o en sus inmediaciones que no tiene licencia de actividad y, por tanto, que no cumplen la Ley. La Organización COAG la cifra... la cifra que da es que aproximadamente deben de ser veintiséis mil -espero que usted no los aclare-; las organizaciones UPA y ASAJA, en algunos de sus comunicados, en algunas de sus notas de prensa hablan de que son al menos cuatro mil más.

Los Ayuntamientos van, en algunos casos, resolviendo el problema a su manera, dando soluciones variadas dependiendo de las localidades o de las provincias, creando agravios comparativos entre los ganaderos y una aplicación desigual de las normas. La Junta de Castilla y León abrió un proceso de negociación con las organizaciones agrarias y los Ayuntamientos a finales del dos mil tros... del dos mil dos -perdón-, y continuó en el primer trimestre del dos mil tres, donde se acordaron unas bases de solución; y, un año después, todo sigue igual.

Este problema afecta, previsiblemente, a más del cuarenta por ciento de las explotaciones de la Región, especialmente a las provincias de Zamora, Ávila, Salamanca y Segovia, y es urgente su solución; y más urgente es aún que la... que esta solución garantice la continuidad de un porcentaje altísimo -o muy alto- de las explotaciones actuales.

El Partido Socialista, consciente de esta realidad latente en el mundo rural de Castilla y León, que provoca la situación de ilegalidad de muchas pequeñas explotaciones, plantea al Director General las siguientes preguntas:

Primera. ¿Tiene la Consejería de Agricultura un censo real de las explotaciones que en la actualidad no tienen licencia de actividad?

Segunda. ¿Qué actuaciones políticas está realizando la Consejería para facilitar la legalización de las explotaciones que carecen de licencia de actividades y se encuentran en núcleos urbanos desde hace muchos años?

Tercera. ¿Entiende la Consejería que la no legalización de estas pequeñas explotaciones incide de forma muy negativa y grave en el desarrollo sostenible de los pequeños núcleos rurales?

Para finalizar, señor Director General, decirle que este es claro ejemplo que demuestra que la Consejería de Agricultura y Ganadería -repito lo que he dicho en mi anterior intervención- no tiene una política agraria propia para defender los intereses y los problemas de los agricultores y ganaderos de esta Comunidad. Hay dejación de responsabilidades; porque es responsabilidad de la Consejería resolver los problemas, no dejar pasar el tiempo y que se solucionen solos. ¿Para qué queremos, entonces, una Consejería? Eso se preguntan muchos ganaderos.

Y también es otro ejemplo claro de descoordinación o falta de entendimiento entre esta Consejería, la Consejería de Agricultura, y la Consejería de Medio Ambiente. Ustedes deben resolver sus diferencias en los despachos, pero deben resolverlas para articular una solución; una solución que están esperando muchísimas... muchísimos pequeños empresarios ganaderos de esta Región; una solución que está tardando mucho tiempo y, hasta ahora, se han mostrado incapaces de articular.

Ruego me conteste a las tres preguntas que hemos formulado. Y recuerde que, al menos, veintiséis mil explotaciones están pendientes de lo que ocurra hoy en esta Comisión. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Fuentes. Para contestar a la Pregunta formulada, tiene la palabra el señor Director General.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (SEÑOR FERNÁNDEZ-MARDOMINGO BARRIUSO):

Muchas gracias, señor Presidente. Como no podía ser de otra forma, naturalmente, no estoy de acuerdo con su último planteamiento de que la Consejería de Agricultura no tiene una política agraria clara.

En este sentido, en el sentido de las actividades clasificadas, como usted conoce, la Ley 5/93, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, en su Artículo 3, textualmente expresa que "toda persona física o jurídica que pretenda la instalación, ampliación o reforma de una actividad clasificada, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previos establecidos en la legislación sectorial aplicable, deberá solicitar ante el Ayuntamiento en cuyo término pretenda ubicar dicha actividad la autorización previa correspondiente, que se denominará licencia de actividad. La concesión o denegación de dicha licencia será competencia del Alcalde".

Igualmente, la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León -que es, de alguna forma, heredera de la anterior-, establece, en lo correspondiente a la licencia ambiental -dentro de cuyo ámbito están incluidas la mayor parte de las explotaciones ganaderas-, que "el órgano competente para resolver la licencia ambiental es el Alcalde, poniendo fin a la vía administrativa".

De toda esta legislación se deduce que la competencia en materia de actividades clasificadas es, única y exclusivamente, municipal.

Otras explotaciones, según la Ley 11/2003, también, dependiendo de su tamaño, están sometidas a un nuevo régimen que prevé esta ley, que se llama "comunicación al Ayuntamiento".

Se deduce con todo esto -como le decía- que la competencia es exclusivamente municipal, por lo cual, la Consejería de Agricultura y Ganadería no tiene un censo de explotaciones ganaderas que carezcan de licencia de actividad.

El mecanismo, por otra parte, de las licencias de actividad, de las licencias ambientales en la actualidad es que la Comisión daba a los Ayuntamientos el dictamen favorable, reservándose los Ayuntamientos el derecho de dar la licencia o no. De tal forma que no podemos tener, de ninguna manera -ni la Consejería de Medio Ambiente ni la Consejería de Agricultura-, un censo real de las explotaciones.

Las estimaciones... bueno, pues no sé si las diversas organizaciones profesionales agrarias tendrán razón, pero, desde luego, sí que existe un elevado número, por la impresión que nosotros tenemos.

Existe también -como usted ha dicho- una demanda generalizada del sector, que está manifestada por las diversas organizaciones profesionales agrarias, para regularizar explotaciones cuya situación ilegal viene dada por la no adaptación en su momento a lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en el periodo que el Reglamento establecía, por una parte; y, por otra, la escasa presión medioambiental por parte de los Ayuntamientos hacia estas explotaciones hasta la época más reciente, en que la sociedad ha tomado una conciencia ambiental diferente, unido también al desconocimiento de la normativa por parte de los ganaderos. Hay muchos ganaderos que no saben que necesitan una licencia de actividad, o que la necesitaron en su momento.

En el momento actual, gran parte de los ganaderos que están en esa situación no están en condiciones de legalizarse, a tenor de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, por estar dentro de los cascos urbanos o en su inmediata proximidad, sin guardar las distancias requeridas por la normativa urbanística.

La Consejería de Agricultura y Ganadería y la de Medio Ambiente -cuyo entendimiento, por otra parte, es perfecto, al menos en la época que yo conozco; anteriormente yo estoy seguro de que también, pero en la época que yo conozco es perfecto en este aspecto-, recogiendo dicha demanda, están trabajando en posibilitar, mediante una modificación normativa, la regulación de las explotaciones con diferentes condicionantes, en función de una serie de parámetros: de su ubicación respecto al casco urbano, estén en el interior o estén en la inmediata proximidad; de la especie ganadera que se trate -los residuos no son los mismos en todas las especies ganaderas, las molestias no son las mismas-; y de las características de la población en que estén asentadas, porque, evidentemente, también habría que recoger el condicionante del número de habitantes: no es lo mismo legalizar explotaciones en el casco urbano en poblaciones de cinco mil habitantes que en poblaciones de treinta y ocho o de cuarenta.

La legalización, naturalmente -como no puede ser de otra forma-, pasará por la imposición y el obligado cumplimiento de unas medidas correctoras estrictas para evitar o minimizar los impactos de la actividad -olores, deyecciones, etcétera- que se impondrán a cada actividad en concreto.

El documento de trabajo tiene que -también- tener en cuenta necesariamente las normas urbanísticas que condicionan los usos del suelo, a nivel provincial y municipal en el caso de los Ayuntamientos que tengan normas, instando o promoviendo modificaciones que permitan usos ganaderos en suelos que tengan una calificación urbana o industrial.

Entre todos, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir la legalización de estas explotaciones, que, en algún sector, suponen, seguramente, un gran porcentaje de las existentes; y estoy pensando en el sector ovino, cuando lo tradicional era montar las explotaciones en las eras o en el entorno inmediato del pueblo.

La actividad ganadera, desde nuestro punto de vista, es la más importante actividad económica de buen número de nuestros núcleos rurales, que contribuye de forma decisiva a la fijación de la población en el medio rural, y crea así un escenario donde pueden asentarse otra serie de actividades por su carácter multifuncional. Debemos facilitar la pervivencia de estas explotaciones, que, desarrolladas con medidas correctores que eviten lo que puedan tener las ganaderías de molestas e insalubres, sea perfectamente compatible con el resto de las actividades económicas, tanto industriales, artesanales, turísticas y de otro tipo asentadas en los núcleos rurales.

Entonces, como le decía, en ese sentido estamos trabajando con un documento muy avanzado, prácticamente cerrado, con la Consejería de Medio Ambiente; estamos hablando con Urbanismo; y, en breve plazo, lo expondremos a las organizaciones profesionales agrarias para proponer la modificación normativa que sea necesaria.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Director General de la Producción Agropecuaria. Para un turno de dúplica, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, don Manuel Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Bien. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Director General, usted me ha leído la parte que le interesa leer de la Ley de Actividades Clasificadas. ¡Pobres Alcaldes! O sea, le echamos la culpa de todo en esta Región. ¡Pobres Alcaldes! Tienen la responsabilidad, por supuesto; pero no tienen únicamente la responsabilidad; tendrán que pedir... es decir, ellos lo que hacen es poner la firma. Ese es su grave problema. Y los que la están poniendo están creando una especie de norma que es muy diferente para un ganadero que viva en esta localidad y, muchas veces, totalmente diferente de la localidad que hay al lado, ¿no?

Yo creo que ahí... Actividades Clasificadas, tendrá que decir... -que ahora le han cambiado el nombre, perdóneme- pues le han cambiado... tendrá que decir y tendrá que mandar un informe, y, entonces, será con ese informe cuando el Alcalde ponga su firma.

Hay una clarísima dejación de responsabilidades. Pero no solamente en eso. Le voy a poner un ejemplo. En el Servicio Territorial de Agricultura de Zamora, el tema de actividades clasificadas lo lleva una persona exclusivamente, que -si usted lo conoce... que, además, es un funcionario excelente, con muy buena fama de que atiende a todo el mundo todo lo mejor que puede- tiene unos dossieres al lado de su mesa que miden metros, metros. Una sola persona. Por eso hablo de dejación de responsabilidades. Este es un tema que está pululando como un problema tremendamente importante desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo.

Y no se puede decir: "Estamos trabajando en perfecta coordinación las dos Consejerías -estupendo; lo celebramos desde el Grupo Socialista-, y tenemos un documento muy avanzado". Hace un año, hace un año, ha habido cuatro reuniones con las organizaciones profesionales agrarias, llegaron a algunos acuerdos -ahora le diré- y algunos de ellos no se han cumplido, y no se llegó a un documento porque no se ponían de acuerdo de ninguna de las maneras -y lo que nos han transmitido es que era notorio en las reuniones-, no se ponían de acuerdo las personas que iban representando a ambas Consejerías.

Un año más ha pasado, y entonces era urgente. O sea, que "documento muy avanzado", ¡faltaría más!, ¡faltaría más que no lo tuvieran!

Fíjense, hasta se ha filtrado -yo lo tengo aquí-, y cuando se les ha pedido en una carta al señor... al señor Consejero -que se la voy a leer-, desde el Grupo Socialista, un mes y pico, y no hemos tenido contestación. Le leo la carta, que, sin duda, conocerá: "Don José Valín Alonso, teniendo conocimiento del envío a las organizaciones profesionales agrarias desde la Consejería que usted dirige el documento titulado "Propuesta de regulación de explotaciones agrarias", ruego envíe al Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León una copia del citado documento. Como Portavoz de Agricultura del grupo mayoritario de la Oposición opino que debería ser una norma habitual de cortesía parlamentaria el enviar estos documentos a todos los Grupos Políticos, y más, si cabe, si alguno de estos Grupos tiene presentada desde hace meses una Pregunta para su contestación ante la Comisión de Agricultura. Ruego envíe el documento de forma urgente -ruego, repito-, y espero que, a partir de este escrito, se incorpore como práctica habitual en el trabajo de la Consejería el envío de documentos informativos a los Grupos de la Oposición". No he tenido contestación. Y esto es creo que, por lo menos, calificable de triste, ¿no?

La gran mayoría, señor Director General, de estas explotaciones no tienen capacidad para poder trasladarse de ubicación -y voy a tocar el fondo del problema, ¿no?-. ¿Por qué? Por su escasa dimensión económica, porque los titulares son personas que tienen cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco años. El problema -como usted ha dicho- es especialmente grave en porcino y en avicultura, porque tienen normas específicas; también en vacuno y en ovino.

Es urgente tomar decisiones; tomar decisiones, no seguir hablando del tema; tomar decisiones, adoptar una solución, porque el problema está ahí, el problema afecta a toda la Comunidad, principalmente a cuatro provincias. Y lo que no puede uno estar es de brazos cruzados o con los... o con las manos metidas en los bolsillos. Una solución que sea vinculante es absolutamente necesaria para todas las provincias, mirando la legislación, intentando cumplir toda la legislación. Pero tiene que haber una solución vinculante, una solución que permita la regulación de la mayoría de las explotaciones a través de procedimientos sencillos, con plena seguridad jurídica, sin que suponga un gasto importante para el ganadero; algún gasto supondrá.

No se puede trasladar el problema a los Juzgados, como ha ocurrido, por cómo está la regulación actualmente. La Administración es la que tiene que adoptar una posición y una solución política; es que no hay otra salida. ¿Por qué en dos reuniones con la Consejería responsable del tema en Galicia, en dos reuniones, se ha solucionado el tema y están camino de legalizar setenta mil explotaciones? O sea, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Eso es lo que yo le pregunto a usted como Director General.

Desde el Partido Socialista entendemos que la no legalización de estas pequeñas explotaciones -como usted ha dicho, y en eso estamos completamente de acuerdo- influye e incide de forma muy negativa y grave en el desarrollo sostenible de muchos pequeños pueblos. La actual normativa no hace referencia a estas situaciones, que son históricas; y eso hay que solucionarlo.

El incumplimiento de la normativa sobre actividades clasificadas llevó en el año dos mil dos a la apertura -según nuestros datos; usted me corregirá- de más de dos mil expedientes, sobre todo en Salamanca. Es imprescindible y urgente una coordinación de las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura para publicar una orden, o lo que haga falta, que facilite la legalización de estas explotaciones, que cuente con los requisitos... que cuentan con los requisitos sanitarios y el código correspondiente, pero lo que no tienen es una licencia de actividad.

La gran mayoría -como le decía- son explotaciones históricas, históricas, y hay que dar continuidad a ese tipo de explotaciones, cumpliendo unas normas mínimas -estamos completamente de acuerdo-, unas normas mínimas que sean asumibles. Pero hay que dar continuidad para que las personas mayores que son titulares de esa explotación continúen hasta la edad de jubilación.

Estamos de acuerdo con parte de lo que pone el documento, el que "no se podrá ceder este tipo de explotaciones a hijos o a terceros", porque, si no, nunca seremos capaces de poder tener de una forma digna y respetando un poco el ecosistema urbano de los pequeños pueblos, es evidente. Pero hay que facilitar, paralelamente, una ayuda para la salida de las explotaciones que no son tan pequeñas, una ayuda para la salida de estas explotaciones de los pueblos, como tiene, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que da un 30% del total de la subvención; o como están aconsejando algunos técnicos, como el señor Jesús Maes -que usted lo conocerá- de la cooperativa COBADU, que entiende y nosotros estamos con él en que hay que facilitar hasta el 50% del coste para que esas explotaciones medianas que todavía están en los pueblos puedan salirse fuera.

Se deben paralizar todos los expedientes en tramitazón... en tramitación, perdón, y dar un plazo a los afectados para cumplir unas condiciones mínimas. Nosotros planteamos dieciocho meses, dieciocho -pero, evidentemente, eso se puede hablar, se puede intentar consensuar- si son explotaciones pequeñas; entendemos explotaciones pequeñas veinte/veinticinco cerdas, para hablar de lo que está ocurriendo en los pueblos pequeños, y hasta diez vacas, pequeñas. Pero que las más grandes habrá que intentar ayudarle -como le decía- para que se puedan salir del casco.

Desde principios del dos mil tres está paralizado el tema, señor Director General.

Y le leo, por último, las recomendaciones del Consejo Económico y Social, que el Presidente de nuestra Comunidad ha dicho que en el año dos mil tres se han tenido en cuenta casi todas las recomendaciones. En este tema, dice el Consejo Económico y Social: "Por lo que respecta al medio ambiente, se considera necesario dar una solución a los problemas que la aplicación de la legislación medioambiental y municipal supone para las explotaciones ganaderas situadas en los cascos urbanos y facilitar el asentamiento fuera de los mismos". En esa línea, en lo que dice el Consejo Económico y Social, dejamos encima de la mesa la propuesta del Partido Socialista.

Le anuncio que si no hay un compromiso de presentar una propuesta en firme -no un borrador, una propuesta en firme-, bien estudiada, a las organizaciones profesionales agrarias, dentro de muy poco tiempo y de que se presente... y de negociarlo con ellas y de que se presente en un plazo... en un plazo breve en las Cortes, el Partido Socialista presentará una proposición no de ley -vamos a esperar una semana para ver... o voy a esperar lo que usted dice- en el sentido que he anunciado, y vamos a intentar que haya una reunión urgente con las organizaciones profesionales agrarias, para que apoyen nuestra iniciativa, si ustedes no tienen una iniciativa en este sentido. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Fuentes. Para contestar a los planteamientos efectuados por el Grupo... por el Portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Director General.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (SEÑOR FERNÁNDEZ-MARDOMINGO BARRIUSO):

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Mi intervención tiene que ser necesariamente para profundizar en la aclaración de ciertas cuestiones que yo creo que no han quedado lo suficientemente claras. Cuando yo hablaba de que la competencia es municipal, no es que yo estuviera echando la culpa a los Alcaldes. Simplemente es para... para argumentar que nosotros no tenemos un censo real de explotaciones sin legalizar porque no lo podemos conocer; los únicos que pueden conocerlo son cada Ayuntamiento.

Los Alcaldes, efectivamente, tienen muchas veces más responsabilidades con las que... no me atrevería a decir que no pueden, pero muchos de nuestros pequeños Ayuntamientos quizá no tienen los medios técnicos necesarios. En ese sentido, cuentan siempre con el... no digo asesoramiento, con el informe -como es preceptivo legalmente- de la anterior Comisión de Actividades Clasificadas -primero, Ponencia Técnica; posteriormente, pasa a Comisión- y, actualmente, de la Comisión de Prevención Ambiental. La Comisión da el favorable o desfavorable; el desfavorable siempre es vinculante, pero el favorable no es vinculante. El Alcalde, el Ayuntamiento, el Alcalde es el que plasma la firma, evidentemente, con esos criterios, con el criterio que le haya prestado o que le haya aportado la Comisión, puede legalizar o no legalizar; de tal forma que ni en la propia Comisión se saben las explotaciones que se legalizan;, con lo cual, lo que quería argumentarle es que no tenemos un censo real de explotaciones.

Respecto al documento, al borrador de documento, nosotros no le hemos enviado a las OPA. Era un borrador de documento en el que estábamos trabajando, simplemente, en las dos Direcciones Generales, y con nuestros técnicos. Las OPA no lo conocen todavía, porque hasta que no lo tuviéramos cerrado con la tercera... digamos "pata" que tiene que intervenir en este documento, la Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Urbanismo -los problemas importantes yo creo que van a surgir por la normativa urbanística-, no nos parecía procedente enviarlo a las OPA ni a ningún sitio.

Si usted conoce el documento -como me dice que lo conoce-, yo creo que coincidirá conmigo en que es un documento lo suficientemente abierto y lo suficientemente permisivo, e incluso en nuestras... en nuestras negociaciones posteriores lo hemos abierto aún más, como para que absolutamente todas las explotaciones que estén en condiciones... que no estuvieran en condiciones de legalizarse por la normativa actual, puedan legalizarse. Evidentemente, la que pueda legalizarse a la luz de la Ley de Prevención Ambiental, no vamos a hacerlo por otra vía, ¿eh?

Yo creo que es un documento lo suficientemente abierto, y es un documento consensuado con Medio Ambiente, y que yo creo que es muy favorable para las explotaciones ganaderas. Hay explotaciones que, por su dimensión, porque estén creciendo, porque se incorporen jóvenes a la explotación, evidentemente tienen que salir del casco urbano. Nosotros sí que damos ayudas a las explotaciones para salir del casco urbano. Usted me dice que en Castilla-La Mancha hay un 30% de ayudas; nuestra ayuda a la modernización de explotaciones prevé hasta un 45% de ayudas, y hay muchas explotaciones que se están acogiendo. Incluso hay sectores, como el porcino, que la única ayuda que tienen permitida por la normativa europea es, precisamente, la ayuda a modernización de explotaciones para sacar las explotaciones de los cascos urbanos, solamente... -y esa es la limitación, que no es buena en porcino-, solamente para el mismo número de animales, el mismo censo exactamente que el que están teniendo.

De tal forma que seguiremos trabajando. La recomendación del CES la conocía; es otro punto de apoyo que, desde luego, puede servirnos, indudablemente, para cambiar la normativa. Y yo creo que un plazo breve el documento estará cerrado, el documento estará expuesto a las OPA y nos pondremos a trabajar en la modificación normativa. Y no me atrevería a decirle un plazo, pero, desde luego, en muy poco tiempo todas las explotaciones de Castilla y León que puedan legalizarse... Habrá alguna que no pueda legalizarse, las explotaciones que no apliquen las... las medidas correctoras imprescindibles, desde luego, no pueden legalizarse, porque -como he dicho antes- tenemos que compatibilizar el uso ganadero con los usos turísticos, cada vez más frecuentes en muchos pueblos de nuestra Comunidad, y que en algunos casos están rozando. Las explotaciones que no quieran adecuarse no podrán hacerlo, pero yo creo que en su abrumadora mayoría podrán hacerlo ya, por fin.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Director General. ¿Algún Procurador desea hacer uso de la palabra para formular alguna pregunta? Sí, por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Helena Caballero.

LA SEÑORA CABALLERO GUTIÉRREZ:

Gracias, señor Presidente. Bueno, el señor Director, en su segunda intervención, ha reconocido que no es el Ayuntamiento que el da la autorización de actividades clasificadas, puesto que precisamente la Ley de Prevención Ambiental de esta Autonomía, a diferencia de la de otras Autonomías, cuando traspone la ley nacional, hace un cambio completamente copernicano a ese respecto. Es decir, la ley nacional dice que el Ayuntamiento tiene que ser el último que decide en las actuaciones en su término municipal, y la Ley de Prevención Ambiental dice que el Ayuntamiento es consultado, en un principio, con un informe urbanístico, para ver si cabe o no cabe esa actuación, y después es la Comisión Territorial, en el caso de este tipo de actividad -en otras actividades, Regional-, según esta Ley, la Comisión Territorial o Regional de Prevención Ambiental la que reúne todas las autorizaciones pertinentes a la actividad, es decir, según el caso, el informe urbanístico (que es si cabe o no cabe la actuación) el que da el Ayuntamiento, la autorización de vertidos, la evaluación de impacto, si es procedente según la actuación...

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Perdón, señora Caballero. El turno de preguntas...

LA SEÑORA CABALLERO GUTIÉRREZ:

Es que por eso voy a hacer la pregunta...

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

No, es que considero que debe usted hacer la pregunta. No...

LA SEÑORA CABALLERO GUTIÉRREZ:

Sí, bien.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

No reabrir un debate.

LA SEÑORA CABALLERO GUTIÉRREZ:

No. Viene... viene en esta línea. Entonces, quiero decir que el problema, precisamente, de este... de estas granjas ilegales viene encuadrado en esta Ley de Prevención Ambiental, que cambia completamente la actuación de los Ayuntamientos.

Lo que quiero decir es que a mí lo que me ha llamado la atención es su primera... reconocimiento, que dice que no hay, no tienen censo de este tipo de... de granjas no legalizadas, ¿no? Si no tienen censo, no conocen el problema, cuántas hay, ni el problema sanitario y medioambiental que genera, que es de las dos vertientes, además de otros muchos, como turísticos.

Entonces, yo no veo la dificultad en realizar ese censo, a veces, con una simple encuesta, los Ayuntamientos. Es más, creo recordar que en su Consejería hubo actuaciones de ese tipo en tiempos iniciales, de censos ganaderos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Señora Caballero, le ruego formule la pregunta...

LA SEÑORA CABALLERO GUTIÉRREZ:

Bueno, la pregunta es si no ve razonable y si no va a tomar medidas concretas para hacer ese censo de granjas que no están legalizadas, que parece fácil.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Gracias, señora Caballero. Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el señor Director General de la Producción Agropecuaria.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (SEÑOR FERNÁNDEZ-MARDOMINGO BARRIUSO):

Sí. Señoría, el que... el que no dispongamos de censo real no quiere decir que no conozcamos la magnitud del problema, ¿eh? Conocemos el problema; no conocemos exactamente si hay veintiséis mil -como había planteado el Portavoz del Grupo Socialista- o treinta mil explotaciones ilegales, pero conocemos la magnitud del problema. Porque, además, en la Consejería de Agricultura y Ganadería tenemos una muy buena distribución territorial, tenemos oficinas en todas las comarcas, tenemos unidades veterinarias y nos llega de cerca. Yo creo que no es necesario, para la resolución del problema que nos hemos planteado, el tener un censo real, ¿eh?

No sé si contesto a eso. Pero insisto en lo que le decía de la Ley de Prevención Ambiental, y le leo textualmente: "El órgano competente para resolver la licencia ambiental es el Alcalde, poniendo fin a la vía administrativa".

Y, además, abundando en lo que antes he dicho, existe una nueva figura, que a mí me parece muy favorable para las explotaciones ganaderas, en la Ley de Prevención Ambiental, que es que las explotaciones de una cierta dimensión no necesitan una licencia ambiental, sino se puede sustituir por una simple comunicación al Ayuntamiento; que, desde luego, está en su derecho de exigir la licencia ambiental. Pero yo creo que los Ayuntamientos de Castilla y León, en su abrumadora mayoría, comparten nuestra inquietud por los... por la... el desarrollo... por la existencia de la ganadería en el medio rural, y serán lo suficientemente sensibles como para no pedirla. Con lo cual, buena parte de estas explotaciones van a poder legalizarse con una simple comunicación, y, desde luego, de las futuras que tengan una dimensión no muy grande.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Director General. La señora Secretario dará lectura al tercer punto del Orden del Día.

POC 94

LA SECRETARIA (SEÑORA VILLAR IRAZÁBAL):

Tercer punto del Orden del Día: "Pregunta Oral ante Comisión, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Manuel Fuentes López, relativa a conocimiento de las investigaciones realizadas por la Junta sobre la Encefalopatía Espongiforme Bovina, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 46, de cuatro de febrero de dos mil cuatro".

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señora Secretario. Para formular la Pregunta, tiene la palabra don Manuel Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Gracias, señor Presidente. Desde el día veintidós de noviembre del año dos mil, día en que comienza la historia de la enfermedad denominada "EEB", han pasado más de tres años. En este periodo se ha producido una alarma social entre los consumidores y una de las crisis ganaderas más importantes de los últimos cincuenta años. Los consumidores se han acostumbrado a convivir con el mal, que afortunadamente no ha pasado a la cadena humana, y se han ido recuperando... y se ha ido -perdón- recuperando de forma paulatina el consumo de carne.

Los productores industriales han superado el descenso inmediato de consumo de hasta el 70%, que en algunos casos supuso prácticamente la quiebra de sus industrias y explotaciones.

En este largo periodo, la Administración ha actuado en múltiples campos: modificando la normativa de movimiento de animales, exigiendo la identificación de los mismos, realizando test de diagnóstico de la enfermedad de forma generalizada, inmovilizando la cabaña de las explotaciones con resultados positivos, e investigando las causas y orígenes de la enfermedad con encuestas epidemiológicas a ganaderos, y realizando el seguimiento de la trazabilidad de los piensos en las industrias del sector.

Sin duda, la Administración ha actuado en múltiples campos desde que se ha producido el comienzo de esta enfermedad. En el año dos mil tres ha sido el año en el que han aparecido mayor número de casos en Castilla y León. Este hecho, cuarenta y siete análisis con resultado positivo, unido a los más de tres años transcurridos desde la aparición de la enfermedad, exigen una respuesta clara sobre los resultados de las investigaciones por parte de la Junta de Castilla y León para que las causas: origen de la enfermedad, localización de los piensos, temporalización, controles realizados, etcétera, puedan ser conocidos por la opinión pública.

No podemos pasar por alto, una vez más, que otro problema alimentario que ha causado alarma social pase sin una explicación clara y transparente, y sin que se puedan depurar responsabilidades, si es que las hubiere. Si esto es así, estaremos aumentando la desconfianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad alimentaria.

Por todo ello, se pregunta:

Primero: ¿cuántas muestras de pienso de ganado bovino se recogieron hasta mil novecientos noventa y ocho para detectar la proteína animal, y cuáles fueron los resultados?

Segunda: ¿se realizó un control de los sistemas de tratamiento de los residuos de carne en las industrias?, ¿en qué años?, ¿en cuántas empresas?, ¿cuáles fueron los resultados?

¿Se ha realizado pruebas sobre la trazabilidad de las harinas cárnicas? ¿Con qué resultados?

Y por último: ¿cuándo tiene previsto la Junta hacer públicas las conclusiones de las encuestas epidemiológicas realizadas?

Por el conocimiento que tengo de cuál ha sido su trayectoria profesional, yo creo que estamos en un tema en el que usted entiende bastante y espero que pueda contestar perfectamente a las cuatro preguntas de una forma clara y transparente. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Fuentes. Para contestar a las preguntas planteadas, tiene la palabra el señor Director General.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (SEÑOR FERNÁNDEZ-MARDOMINGO BARRIUSO):

Gracias, señor Presidente. Hasta septiembre del año mil novecientos noventa y seis, la competencia en el control de los piensos y las materias primas empleadas en la alimentación animal era del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde entonces, los controles relativos a alimentación animal, tanto en fábricas como en almacenes y explotaciones de ganaderos que se elaboran sus propios piensos, han sido numerosos, intensificándose a partir del año dos mil dos, con la aparición del primer foco de encefalopatía en España.

Así, en mil novecientos noventa y siete, se realizaron setenta y siete inspecciones, con ciento veintiocho tomas de muestras; setenta y nueve en mil novecientos noventa y ocho; incrementándose -como decía- sucesivamente a lo largo de los años, hasta totalizar setecientas cincuenta inspecciones entre fábricas y ganaderos que elaboran sus propios piensos, con un total de novecientas ochenta y nueve determinaciones solamente para las proteínas animales elaboradas prohibidas.

En ningún caso, de estas novecientas ochenta y nueve determinaciones, se han detectado harinas de carne en... harinas de carne prohibidas; solamente en un caso, harinas de pescado en especies en las que no estaba permitida, en el año dos mil tres. Se practicaron análisis contradictorio y dirimentes, resultando ambas negativas, por lo que se procedió al cierre del expediente sancionador incoado.

Desde hace al menos diez años, en Castilla y León se viene realizando un seguimiento de la infraestructura y de los procesos de tratamiento de los subproductos animales -enlazando con su segunda pregunta- que se efectúan en las industrias de transformación y de desperdicios animales, según lo establecido en el Real Decreto 2224 del noventa y tres, que habla sobre normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal; dentro de cuyo contenido -contenido del Real Decreto- está la fijación de los sistemas de tratamiento con... de la materia prima para la elaboración de harinas de carne.

Inmediatamente después de su publicación, la Consejería de Agricultura y Ganadería pone en marcha un protocolo de inspecciones en estas industrias; protocolo que se modifica y profundiza posteriormente para adaptarlo a la Decisión 96/449, que establece la obligación de los tratamientos de los subproductos a una presión determinada, además de a un determinado tamaño de la partícula, la temperatura y el tiempo que los... la materia prima tiene que estar en el digestor.

Si bien la legislación nunca ha establecido un calendario obligatorio de inspecciones, desde entonces el Servicio de Sanidad Animal ha programado y ejecutado una alta frecuencia de inspecciones oficiales por técnicos del Servicio y de las Secciones provinciales que ha dado lugar a muchas actas de inspección y de comunicación a las empresas para asegurar un adecuado cumplimiento de los requisitos de transformación, del procedimiento de fabricación de las harinas y del seguimiento de los destinos de las mismas hacia los establecimientos autorizados.

Dentro del control de los tratamientos, además, se exige a las empresas la utilización de una empresa homologada para calibración de los aparatos de medida de tamaño de la partícula, de tiempo, de presión y de temperatura.

Con la aparición de la llamada "crisis de las vacas locas", el número de inspecciones se ha ido incrementando y el control administrativo del funcionamiento, aún más desde finales del dos mil. Resumidamente, los resultados de las inspecciones se pueden catalogar como de "muy positivos", en el sentido de que no se han constatado deficiencias graves; y aquellas catalogadas como "leves" se han corregido en el periodo exigido. A modo de ejemplo, durante el segundo semestre del año dos mil dos se efectuaron ciento diecinueve inspecciones; y, en el resto de los años, se inspeccionaron un número sensiblemente igual: en el dos mil uno, en torno a ciento veintitantos; y, en el dos mil tres, ciento treinta dos.

En cuanto a las pruebas sobre la trazabilidad de estas harinas producidas en estas industrias, todas las proteínas animales elaboradas -harinas de carne y hueso, de lo que actualmente se llama categoría uno y antes se llamaba materiales especificados de riesgo-, producidas en Castilla y León, han tenido como último destino su destrucción. El proceso es que las harinas producidas en las plantas transformadoras, tanto las almacenadas en principio en los vertederos de Zamora y Palencia como las generadas con posterioridad, son trasladadas para su incineración a diversas plantas cementeras, oleícolas o de biomasa situadas, fundamentalmente, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, también alguna en Murcia y en Castilla-La Mancha. La carga, precintado, expedición de documentación y transporte hasta el destino se llevan a cabo bajo un estricto control que garantiza el total seguimiento y la total trazabilidad de las harinas, desde la planta productora hasta la destrucción, sin que en ningún caso se hayan producido anomalías ni accidentes que hayan motivado la más mínima posibilidad de contaminación ni de desvío de las harinas fuera de su lugar de destino.

La trazabilidad que permitiera asegurar que no se utilizarían para alimentación animal ni para otros usos no autorizados ha quedado constatado con los controles realizados por nuestra Consejería, e introduciendo elementos, además, de seguridad adicional.

Por último, en lo que a su última cuestión se refiere, la Consejería de Agricultura y Ganadería, en todos los focos de encefalopatías espongiformes transmisibles, procede conforme a la legislación europea, contenida en el Reglamento 999/2001, y sus posteriores modificaciones, en el dos mil uno también y en el dos mil tres. Dentro de las medidas establecidas se encuentra la investigación epidemiológica de los focos, que deberá contener, según el Reglamento, al menos los siguientes puntos: los datos relativos a la edad al... al animal positivo; edad; raza; sexo; tipo.-.. explotación de nacimiento; censo de la explotación; aspectos sanitarios; número de unidades de producción; sintomatología; datos sobre eliminación de cadáveres; ascendientes del animal, proveedores de piensos a lo largo de los años... -y, sobre todo, en los primeros años de vida del animal-, dato que le adelanto que no siempre es posible recabar. Hay muchos ganaderos que no recuerdan... que se han cambiado en ciertas ocasiones de casa de pienso, no recuerdan, según nuestras encuestas epidemiológicas, cuál era su proveedor en el año noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis. En los casos en que se ha confirmado la enfermedad en una hembra, además, se censan y se sacrifican todos sus descendientes, los que hayan nacido... además de los que hayan nacido en los dos años... en el año anterior y posterior a la aparición de la enfermedad. Se censan todos los animales del mismo grupo de edad.

Muchos de estos datos, recogidos de las encuestas epidemiológicas, se han hecho públicos en numerosas ocasiones, y algunos de ellos cuelgan de la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -los datos referidos a grupos de edad, a aptitud, a raza, etcétera-.

Las conclusiones de estas encuestas epidemiológicas nos dan una idea de la frecuencia de los casos, según el tipo de animal -como le decía-, raza, año de nacimiento... De ellas, sin embargo, no se puede deducir una causa común para varios focos dentro de la Comunidad Autónoma o, incluso, dentro de la misma provincia. La transmisión de las encefalopatías -como usted sabe- es por consumo de pienso que contenga harinas cárnicas; y, como hemos señalado, en muchos casos, ni el propio ganadero puede precisar el pienso consumido por el animal en sus primeras etapas.

Yo creo... En relación con el antecedente de su pregunta, estamos totalmente de acuerdo en que hubo una crisis de precios. Pero yo creo que entre los servicios oficiales -entre la Consejería de Agricultura, entre la Consejería de Sanidad, y lo puedo extender a todas las Consejerías de todas las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio de Sanidad-, entre todos nosotros -repito- y los ganaderos hemos sabido dar la sensación se seguridad al consumidor, de tal forma que en nuestro país la crisis de precios para el productor, y para el intermediario, y para la industria ha sido muchísimo más breve en el tiempo que en los países de nuestro entorno. Eso es algo de lo que yo creo que debemos felicitarnos. Y repito, no es que me felicite yo solo ni esté felicitando a los servicios oficiales; yo creo que en España esto lo hemos hecho realmente bien, y hemos contado -y lo han hecho muy bien los ganaderos-, hemos sabido transmitir al consumidor esa sensación de calidad y de seguridad en los alimentos, y eso ha provocado que la crisis de precios no haya durado mucho en el tiempo. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Director. Para un turno de réplica, tiene la palabra don Manuel Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. "Todo va bien". Pues yo, lo primero que tengo que decirle, señor Director General, es que, si las encuestas epidemiológicas, los resultados se han hecho públicos en reiteradas ocasiones -como usted dice-, ni siquiera los veterinarios de las diferentes provincias -los titulares, los que están continuamente con los agricultores y los ganaderos- saben nada. Ni siquiera saben nada.

Yo, que he estado pendiente del tema, y algunos de mis compañeros, que me han ayudado a hacer esta pregunta y a estudiar un tema bastante complicado, pues tampoco sabemos nada. Y yo no estoy hablando de... estoy hablando de las conclusiones de las encuestas epidemiológicas; no estoy hablando de qué edad tienen las... las vacas afectadas, ni cuánto... qué número de cuernos tienen... que no, que no. Lo que interesa son las conclusiones de por qué ha ocurrido esto, de dónde está la responsabilidad de lo que ha ocurrido. Porque, si todo está... si todo está tan bien, es que no entendemos, no entendemos la postura que usted aquí nos ha planteado.

Voy a leerle las declaraciones de dos ganaderos afectados por la EEB y de un alto cargo del Partido Popular, porque los tres -y son tres de las opiniones que han salido en los medios de comunicación, de las miles de opiniones que han salido- se dirigen a las conclusiones en la misma dirección. Le leo muy rápidamente.

Luis Queipo, propietario de la primera explotación afectada, dice: "El problema está en las productoras de piensos". Sostiene, como denunció desde el principio, que "donde está el problema es en las casas de piensos", y reclama "que se controle la fabricación de harinas para detectar el origen del problema". Eso explica nuestra primera pregunta, que ha contestado parcialmente, y que le ruego que conteste de una forma mucho más detallada.

Ignacio Delgado, ganadero: "Algo hay en las industrias, y nosotros lo pagamos". Esto lo dice don Ignacio Delgado en los medios de comunicación, con su foto; pero lo dicen casi todos los ganaderos. Dice: "Que miren en las empresas de fabricación de pienso y no pretendan que presentemos los afectados la denuncia, como llegaron a plantearnos desde la Administración en reiteradas ocasiones. Ya hemos tenido bastantes trastornos, ya hemos sufrido bastantes problemas como para meternos ahora con denuncias y con abogados".

Y en una contestación que le hicieron al Senador de la provincia... de la provincia de Zamora, don Demetrio Madrid, decía el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en una respuesta parlamentaria que le hicieron a... al señor Demetrio Madrid, decía: "La posible interpretación -explica el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en la respuesta parlamentaria-, con las precauciones y salvedades que en este tipo de enfermedades es preciso considerar, al respeto... al respecto -perdón- del elevado número de casos en la provincia, se podría relacionar con una distribución por una o varias empresas de piensos contaminados con el prión, que hubieran servido dichos piensos a los ganaderos en esta o en otras provincias". Como ven, pues va en la misma dirección las conclusiones de personas -algunas entendidas, otras no entendidas- de lo que plantean; pero no hemos escuchado ninguna conclusión concreta y clara a los ciudadanos y los consumidores castellano-leoneses por parte de la Consejería.

Lo cierto, señor Director General, es que el silencio administrativo preocupa, preocupa cada vez más a los ganaderos y a sus representantes, y da pie a todo tipo de especulaciones; eso es lo grave. La Junta sigue empeñada en no dar a conocer los resultados de las encuestas epidemiológicas, y esto no ayuda en nada a aclarar el origen del mal -repito- y quiénes son sus responsables, una vez más, una vez más. Todo lo contrario: rumores, medias palabras están enrareciendo las relaciones -y usted lo conoce- entre ganaderos y, también, entre los fabricantes de piensos. Y ustedes tienen la responsabilidad de este silencio, porque tienen todos los datos.

Antes de entrar a fondo en el problema, en tres minutos le voy a leer una frase de una respuesta parlamentaria a un Procurador del Grupo Socialista, el señor don Emilio Melera... Melero -perdón- sobre este tema. Fíjese qué contestación se le ha dado. Hace una pregunta preocupándose por este tema, por la incidencia que tiene en la provincia de Salamanca; y hay una frase que no tiene desperdicio, desde mi humilde punto de vista. Dice: "El incremento del número de casos positivos -o sea, la existencia cada vez... de mayor número de casos de vacas locas- demuestra la eficacia y el correcto funcionamiento del sistema de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes trasmisibles en Castilla y León". Esto es parte; si usted lee la contestación, la respuesta no tiene desperdicio, no contesta absolutamente a nada. Muchas veces nos ocurre esto a los Procuradores, y quería dejarlo encima de la mesa.

El incremento de los casos supone que ha habido un problema sanitario muy grave, y que no sabemos de dónde procede todavía. Algunas claves voy a intentar, en dos minutos, analizarlas en profundidad. La enfermedad tiene cinco años de incubación, vamos a hacer cuentas: mil novecientos noventa y cuatro -como usted decía-, la Unión Europea prohíbe la fabricación de piensos con harinas cárnicas; mil novecientos noventa y seis, se prohíbe en nuestro país la fabricación de piensos para los animales rumiantes; mil novecientos noventa y ocho, se prohíbe en nuestro país, para todo tipo de animales, la fabricación de este tipo de piensos. Si se prohíbe en mil novecientos noventa y seis, le pregunto, señor Director General, ¿cómo es que siguen apareciendo, con cinco años de incubación, cada vez más casos siete años después? A mí no me salen las cuentas. Y esto explica -como le decía- la primera pregunta que nosotros le hacíamos.

Usted sabe también -y voy a entrar en otro tema muy rápidamente- que hay dos métodos de tratamiento de residuos de carne: uno barato y otro caro, como siempre. En el caro, a más temperatura, se destruyen los priones de una forma efectiva, pero la proteína que queda para hacer el pienso es de baja concentración proteica y se necesita mucha mayor cantidad para producir el engorde del ganado. El barato, a menos temperatura, no destruye los priones, pero mantiene una proteína potente, potente y que, con poca cantidad, se obtienen mejores rendimientos. Este hecho explica -y se las vuelvo a repetir, porque no me ha quedado claro la contestación- las preguntas segunda y tercera del Grupo Socialista.

Si la Consejería ha hecho el trabajo que le corresponde en estos dos aspectos y ha analizado las encuestas epidemiológicas, debe tener unas conclusiones claras sobre el origen y sobre la responsabilidad de este problema y de esta crisis alimentaria, y se deben hacer públicas.

Pero nos gustaría que nos explicara, además -y este tema es bastante importante-, el por qué el protocolo largo... -que usted nos ha enumerado algunas de las cosas que contiene- ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué el protocolo largo de encuestas epidemiológicas lo han pasado a los ganaderos personal contratado específicamente por la Consejería, y no las personas veterinarios -muchos de ellos funcionarios-, que llevan... -o no funcionarios- que llevan quince o veinte años, y que son los que conocen la... a los ganaderos, los que conocen sus explotaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, si eso es así, y usted me lo explica, yo no pensaré mal; pero, si no, eso contribuye a que la gente desconfíe -lo voy a dejar justamente en esa palabra-.

¿Por qué se esperó un tiempo tan largo para pasarlas, desde que comenzaron los casos... los primeros casos a crear alarma social? ¿Cuándo se empezaron a pasar? Me gustaría saberlo, yo tengo algunos datos. ¿Por qué las encuestas solo se le daban a los Jefes de Servicio, que en la mayoría de las provincias son de libre designación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen ni idea los veterinarios que están continuamente en las zonas, a los que los ganaderos les preguntan?, ¿por qué? Y sabemos que la mayoría de los jefes de servicio, por no decir todos, que es costumbre habitual en la Junta últimamente, están por libre designación.

Y, por último, ¿a qué se debe, si usted lo sabe, la denuncia que ha presentado la organización agraria UPA a la Fiscalía después de sortear mil trabas? Me gustaría que me contestara. Y se la voy a leer muy rápidamente. Presenta una denuncia, presenta una denuncia pidiendo una investigación porque la Junta estaba pagando harinas de carne a 60 pesetas/kilo, y cuando en el Consejo Económico y Social se interesaron por el tema, y fue alguna persona a llevar algún documento, resulta que estaban pagando a 60 pesetas/kilo por tierra, por tierra, porque en el análisis había al menos un 3% de silicio, es decir, de arcilla, en la mayoría de las ocasiones. Bueno, pues esto lo presentaron, y desde entonces se está pagando a 60 pesetas el precio... el precio de las harinas, y resulta que tenían, pues, un porcentaje importante de tierra. No han vuelto a saber absolutamente nada, y han tenido cantidad enorme de trabas.

Desde el PSOE le exigimos que se hagan públicas el resultado de las investigaciones, y que se envíe un informe con el contenido de las mismas a las organizaciones profesionales agrarias y a las organizaciones de consumidores, después, lógicamente,...

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Señor Fuentes.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

(Termino. Le pido mil disculpas porque tiene usted toda la razón). ... después de presentarlas, yo pediría en esta Comisión, antes de mandarla a las OPA y a las organizaciones de consumidores; pero es necesario que se hagan públicas, que ustedes tienen todos los datos, todos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Gracias, señor Fuentes. Para contestar a la Pregunta formulada, tiene la palabra el señor Director General.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (SEÑOR FERNÁNDEZ-MARDOMINGO BARRIUSO):

Bueno, los tres... las tres personas a las que usted ha aludido en su intervención con declaraciones públicas en los periódicos, evidentemente, tienen razón: el único modo que conocemos de transmisión de las encefalopatías son los piensos contaminados con harinas de carne. Los científicos en su momento barajaron la posibilidad de que se transmitiera por vía placentaria de madre a hijo, pero esa posibilidad está prácticamente descartada. Entonces, la enfermedad se transmite, efectivamente, por harinas de carne contaminadas.

¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso ya lo sabíamos todos. Nosotros -como le digo- hacemos nuestras encuestas epidemiológicas. Si bien es verdad que, en principio, cuando irrumpió la encefalopatía se contrataron asistencias técnicas para colaborar, las encuestas, en su abrumadora mayoría, están hechas por los veterinarios de las Secciones Provinciales de Sanidad y Producción Animal, y las encuestas las conocen nuestros veterinarios. No tenemos ninguna conclusión en cuanto al hilo conductor, en cuanto a la fuente de transmisión. Si no, no es que lo hiciéramos público; si no, tendríamos que obrar. Si existieran evidencias de que empresas determinadas han distribuido piensos con harinas de carne de forma ilegal, por supuesto, no estaríamos hablando de expedientes administrativos, tendríamos e iríamos directamente a la Fiscalía; esté seguro, señor Fuentes.

Respecto a lo del tratamiento de las materias primas para obtención de harinas, tiene usted razón también en cuanto a los dos procedimientos, pero aquí se viene cumpliendo rigurosamente -insisto, rigurosamente- los protocolos con las empresas. Desde que entró en vigor la legislación para tratar por el procedimiento que usted ha denominado más caro, que exige una permanencia de veinte minutos en el digestor, una presión de tres bares, una temperatura de ciento treinta y seis grados y un tamaño de la partícula de cincuenta milímetros, todas las empresas se visitan; se visitaron en principio para su autorización, se visitaron para la implantación de los sistemas de control, se autorizaron las que podían y debían autorizarse, que no fueron todas, y se visitan periódicamente.

Ha habido un dato que le he dado mal en mi intervención anterior respecto a las empresas. En el año dos mil dos le hablaba de ciento y pico, de ciento veintitantas inspecciones, y se han realizado doscientas veintinueve; en el año dos mil uno, ciento diecinueve en estas industrias transformadoras. Es un protocolo, como le digo, enormemente riguroso y que, desde luego, estamos convencidos de que vamos con la inspección hasta el máximo. Estamos hablando de nueve empresas autorizadas y doscientas veintinueve inspecciones, incluso con la exigencia de calibración periódica de los aparatos por parte de una empresa certificadora externa.

EL PRESIDENTE (SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA):

Muchas gracias, señor Director General. ¿Algún Procurador quiere hacer alguna pregunta? No siendo así, se levanta la Comisión.

(Se levanta la sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos).